Protección ambiental

Abril 30 de 2003. La bahía de Panamá amanece teñida de rojo. Cientos de transeúntes por la Avenida Balboa miran con asombre la inusual escena. Mil 252 galones de colorante concentrado fueron vertidos "accidentalmente" al río Matasnillo que atraviesa la ciudad y desemboca en la citada bahía. El responsable: la empresa Coca Cola. La sanción fue una multa de 250 mil dólares. Agosto 6 de 2006. Cientos de tiburones muertos con sus aletas cortadas flotan en la desembocadura del Río Torio en Veraguas. Una embarcación artesanal sería la responsable de la matanza de los peces, para tan solo quitarles las aletas. Se trata de algunos de los cientos de casos de contaminación al ambiente y depredación de la fauna que suceden en Panamá, y que resuenan en la mente de los panameños. Enfrentar estas tragedias y buscar fórmulas para que no se repitan o para castigar a los responsables, es también competencia de la Asamblea Legislativa. 

El papel de la Asamblea

El diputado del Partido Revolucionario Democrático y presidente de la Comisión Legislativa de Población y Ambiente, Milciades Concepción, considera que los casos citados son en realidad nimios, ante otros modos de destrucción del ambiente que suceden en Panamá. Para Concepción, existen "contaminantes peores que no se pueden ver, pero que están matando al país". Por ello, agregó, se han derogado algunas normas y aprobado nuevas leyes para la protección de los ríos y los bosques. Una de ellas es la Ley 5 de 2005 que recoge los delitos contra el ambiente. Esta legislación califica por primera vez como delito, la contaminación de ríos y otras fuentes de agua, así como la deforestación. Las penas para quienes realicen estas acciones alcanzan hasta los 6 años de prisión. También se sanciona la caza ilegal y a los constructores que incumplan con los estudios de impacto ambiental. Los diputados también aprobaron la Ley 13 de 2005 que creó el Corredor Marino de Panamá, para la protección de las ballenas que llegan a las aguas del Pacífico panameño, especialmente en las cercanías de isla Coiba. Otra legislación que intenta impedir el deterioro ambiental de Panamá, es la Ley 39 de 2005 que regula la caza, estableciendo un calendario específico y los períodos de veda. Así, la caza está limitada a los fines de semana y durante el día. Además, limita la cantidad de animales a cazar y detalla los que no pueden ser cazados. La última norma sobre el tema que discutió la Comisión de Ambiente es la Ley 9 de 2006, que prohíbe el "aleteo" de tiburones en las aguas de Panamá, impidiendo la práctica de pescar el escualo, mutilar sus aletas y arrojar el animal de vuelta al mar. A pesar del avance que implica la existencia de estas leyes, en el tema ambiental –como en tantos otros casos– la inexistencia de mecanismos que detecten las infracciones y castiguen a los culpables, ha propiciado el caos medioambiental del país. Y esa situación, incide en la pobreza del país y su gente. Para que la situación sobre las especies amenazadas y en peligro de extinción en Panamá mejore, y no haya más especies en riesgo, no basta con informar, hay que hacer algo.